19.2.06

 

El Evangelio segun Isaza

Tomado de la Revista Cambio
"...La semana había comenzado con la desmovilización en el caserío Las Mercedes, cerca de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño, del jefe paramilitar Ramón Isaza y 990 de sus hombres. Isaza, uno de los más reacios a negociar su desarme, y quien venía expresando en privado sus molestias por el endurecimiento de la política gubernamental y judicial, aprovechó la ocasión para soltar unas pocas frases que era necesario leer entre líneas..."


Antes de entregar su fusil, el más antiguo paramilitar del país dijo que no participó en masacres, que sólo va a responder por la muerte de guerrilleros en combate y que no conoce una mata de hoja de coca porque nunca intervino en el negocio del narcotráfico.

Al final de la corta y poco sustanciosa entrevista, Isaza soltó una frase reveladora que muy pocos entendieron. Ocurrió cuando le preguntaron por su responsabilidad en la muerte en 1996 de 17 campesinos de la vereda La Esperanza, cerca de Carmen de Viboral, Antioquia. El jefe paramilitar explicó que la matanza sí ocurrió pero que el responsable de ejecutarla fue su hijo Ómar, quien pereció años más tarde en un accidente. "Él estaba trabajando con el general Manosalva y el mayor Hernández. Ellos mandaban a mi hijo y a ocho muchachos más" (ver recuadro).

"El hecho de que Isaza enlodara el nombre de estos dos oficiales sólo puede ser leído como una amenaza velada al Presidente en el sentido de que él sabe cosas de esa época en Antioquia que podían resultar incómodas para el Presidente", le dijo a CAMBIO un militar retirado que en esos tiempos trabajó con el general Manosalva.(...)

Campaña y TLC
Desde el punto de vista de las relaciones exteriores, las autoridades estadounidenses han dejado en claro que no permitirán que el Congreso que se instala el 20 de julio, cuente en sus bancos con una alta participación de parlamentarios al servicio de los jefes de las autodefensas, a los que Washington vincula con grandes operaciones de narcotráfico y lavado de activos. (...)

Desde el punto de vista de los paramilitares, las cosas son vistas con otro lente. Para ellos, Uribe les ofreció al inicio de su mandato una negociación política similar a las que se habían dado en el pasado con la guerrilla. Pero a medida que surgieron críticas en el país y en el exterior, la necesidad de un sometimiento judicial con confesión, cárcel y entrega de bienes tomó fuerza, sobre todo después de que, en el segundo semestre de 2005, el Fiscal Mario Iguarán dejó en claro que los comandantes de las Auc no la sacarían barata a la hora de aplicarse la Ley de Justicia y Paz, en especial si no confesaban la integridad de sus crímenes..."

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